La Ley de Expropiación Forzosa, enmendada hace seis meses por el pasado gobierno, requeriría una nueva revisión, que la atempere a la realidad creciente de estorbos públicos en Puerto Rico, coincidieron los máximos líderes de la Federación y la Asociación de Alcaldes.
El exgobernador Pedro Pierluisi firmó el pasado julio la Ley 114-2024, que autoriza a los municipios a llevar acciones de expropiación forzosa contra bienes inmuebles que hayan sido declarados estorbos públicos, eximiéndose de otorgar una justa compensación, hasta tanto las personas con título sobre los inmuebles comparezcan al tribunal.
Sin embargo, “entendemos que todavía hay que enmendar la ley para hacer más viables todos estos procesos. Si tú me preguntas a mí, yo diría que lo que se debe hacer es enmendar la ley, para que toda propiedad que esté abandonada y que no se esté utilizando para uso residencial, automáticamente pase a los municipios y que los municipios puedan disponer de ellas”, indicó Marcos Cruz Molina, ejecutivo de Vega Baja y también presidente interino de la Asociación de Alcaldes.
Cruz Molina reconoció que hay un marco legal que les otorga unos derechos a los propietarios y herederos de dichas propiedades. Sin embargo, recalcó que la mayoría de estos dueños son personas que se han establecido fuera de la Isla y no toman acción al respecto.
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