La problemática de estorbos públicos no es exclusiva a Hormigueros. Es por ello que, en julio pasado, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el Proyecto de la Cámara 1053, que enmendó el Código Municipal de Puerto Rico y la Ley General de Expropiación Forzosa.
Esto autorizó a los ayuntamientos a llevar acciones de expropiación forzosa contra bienes inmuebles que son declarados como estorbos públicos. A diferencia de cómo se acostumbraba a hacer, ahora se hará mediante un procedimiento sumario que eximirá los municipios de tener que depositar una compensación monetaria hasta tanto las personas con título sobre dichos inmuebles comparezcan al tribunal.
Asimismo, la nueva enmienda ahora autorizará a los municipios a llevar un procedimiento de apremio contra los inmuebles que hayan sido declarados estorbos públicos, similar al establecido por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
“Con la firma de esta ley, se sigue la política pública que promueve la restauración de las comunidades y vecindarios, así como fortalece la seguridad entre las comunidades y propicia la calidad de vida”, anunció La Fortaleza en comunicado de prensa cuando se firmó la Ley.
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