El Proyecto de la Cámara 1053, que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico y la Ley General de Expropiación Forzosa para “autorizar a los municipios a llevar acciones de expropiación forzosa contra bienes inmuebles que hayan sido declarados estorbos públicos” sin la comparecencia inmediata de los propietarios, no solo adelanta a los ayuntamientos el proceso de expropiación, sino que también pudiese ayudar a resolver la crisis de vivienda en la Isla, afirmaron especialistas entrevistados por EL VOCERO.
No obstante, los entrevistados señalaron que no solo dependerá de los municipios asegurar que la ley, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado lunes, no quede como letra muerta, sino que también corresponde a los alcaldes establecer planes concretos sobre cómo atenderían el problema de acceso a vivienda asequible en sus pueblos.
“Uno de los cambios importantes de la ley es que yo, municipio, voy a expropiar la propiedad, pero los fondos no los tengo que poner en el tribunal hasta que aparezca alguien reclamando (la propiedad). Eso quiere decir que, si nadie aparece, no puse nada. Si pasan 10 años, son 10 años que me ahorré de tenerlos congelados en el tribunal”, explicó el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, el licenciado Manuel Quilichini.
“Esta ley haría que el municipio no tenga que entrar en el proceso de consignar dinero, porque el problema es que a veces no tenemos ni a la persona que es y, si no tenemos a la persona que es, pues no podemos consignarlo en el tribunal”, señaló, por su parte, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, quien recalcó que uno de los mayores problemas que enfrentan los municipios actualmente durante el proceso de expropiación de estorbos públicos es que los dueños de las propiedades, en muchas ocasiones, no aparecen.
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