Tres años de negociaciones, vistas públicas y hasta una devolución de la pieza legislativa desde La Fortaleza hasta la Cámara de Representantes tomó el poder idear una solución para que los municipios comiencen a adquirir los estorbos públicos para convertirlos en vivienda asequible.
Sin embargo, los municipios tienen que aprobar nuevas ordenanzas municipales para volver a regular cómo se hará el proceso, principalmente, para permitir que ciudadanos necesitados de vivienda puedan adquirir estas estructuras abandonadas.
Por ello, desde que el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en una regulación el proyecto de la Cámara 1053 el pasado 29 de julio todavía no se ha visto si la ahora Ley 114 rendirá efecto.
La propuesta es abarcadora, ya que atiende las principales críticas que hacían los alcaldes sobre lo burocrático y costoso que les representaba el proceso legal para obtener un estorbo público, detalló el autor de la medida, el representante Roberto Rivera Ruiz de Porras, así como el presidente de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización, Juan José Santiago Nieves.
El principal cambio introducido, según detallaron los legisladores a Primera Hora, es que el viejo Código Electoral ordenaba al municipio a depositar ante la corte el 100% del valor de la tasación, más un 10% que se calculaba de ese monto para gastos administrativos, al momento de someter un caso de expropiación.
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